Federación de Asociaciones de Educación de personas Adultas
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II Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2003-2007)
El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 5 de diciembre el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad (2003-2007), con un presupuesto de más de 12.600 millones de euros para el desarrollo de 350 medidas para evitar la discriminación y favorecer la igualdad de derechos, según informó el portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Plan de acción, con cuatro grandes áreas, está vertebrado sobre cuatro principios básicos:
- Garantía de igualdad por parte de los poderes públicos a las personas con discapacidad.
- Prioridad de políticas que fomentan la autosuficiencia económica y la participación de las personas con discapacidad en la vida de la comunidad.
- Accesibilidad de entornos, productos y servicios.
- Diálogo y cooperación con las entidades sociales.
En el ámbito de la atención a personas con graves discapacidades, el objetivo fundamental es desarrollar un sistema de protección integral para el millón y medio de personas que en España presentan graves discapacidades, con medidas económicas, sociosanitarias, de apoyo a las familias, y de protección de derechos:
- Se introducirán bonificaciones para facilitar la contratación de cuidadores.
- Se establecerá una deducción en la cuota del IRPF por la suscripción de seguros para la atención de personas dependientes.
- Se creará la figura ocupacional de cuidador de personas dependientes y se regulará su estatuto.
- Se aprobará una norma para proteger jurídicamente a las personas sin capacidad de autogobierno.
- Se promoverán nuevas ayudas para obras de accesibilidad en el interior de las viviendas.
- Se desarrollará un sistema único de valoración de las situaciones de dependencia.
En el área de políticas de inserción laboral, la prioridad es mejorar las tasas de actividad y de ocupación de las personas con discapacidad, a través del fomento de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad, el desarrollo de nuevas fórmulas de empleo y en favor de las personas con mayor riesgo de exclusión. Entre las medidas, cabe destacar:
- Una oficina especializada para promover la participación de las personas con discapacidad.
- Un sistema arbitral para resolver las reclamaciones que se planteen en materia de igualdad de trato.
- La potenciación de itinerarios laborales individualizados.
- El compromiso de ofrecer a los discapacitados una oportunidad de empleo antes de que alcancen los seis meses de paro.
- Cláusulas sociales en los contratos públicos que impedirán contratar a quienes no cumplan la cuota de trabajadores con discapacidad.
Mientras, en la promoción de la accesibilidad, se persigue garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todos los entornos, servicios y productos, a través de acciones de sensibilización, estudios técnicos, I+D+I, proyectos de accesibilidad en sectores clave, e implicación de Administraciones Públicas y sociedad.
- En este sentido, en desarrollo de la Ley de igualdad y no discriminación y accesibilidad universal se aprobará una norma que regule las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte y otra que contemple las condiciones básicas de accesibilidad en los espacios públicos y edificaciones.
- Al mismo tiempo, se reformará la legislación en materia de concesión de subvenciones para vincular el disfrute de ayudas al cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad.
- Se impulsará la eliminación de todas las barreras en las oficinas de las Administraciones Públicas y en los establecimientos y servicios de ocio y turismo.
- Se mejorará la accesibilidad en servicios de emergencia, centros residenciales, Centros Educativos y sanitarios, Museos, Archivos y Bibliotecas.
Finalmente, en la cohesión de los servicios territoriales, el objetivo es garantizar que todas las personas con discapacidad, residan donde residan, puedan acceder a unas mismas prestaciones básicas de servicios sociales, es decir, tengan garantizados unos mismos derechos. Para ello, la medida más importante será la aprobación de un Catálogo de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad que se elaborará de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Fuente: Europa Press
